Durante años el estudio del derecho del arbitraje comercial internacional en América Latina ha sido enfocado casi exclusivamente al análisis de los procesos de reforma legislativa sobre la materia, de adhesión y ratificación de las principales convenciones internacionales y a su aplicación por parte de los tribunales estatales. Esta aproximación es perfectamente comprensible, es la misma que se ha utilizado para estudiar esta institución en todas las regiones del mundo. Sin embargo, desde hace un par de años nos ha llamado la atención el hecho de que en estos importantes estudios, preparados por los más autorizados expertos, se ha descuidado el tema del impacto del derecho constitucional en la eficacia de la regulación nacional e internacional de ese derecho emergente del arbitraje comercial internacional. Un tema crucial que no sólo incide en la posición de los tribunales estatales latinoamericanos frente al arbitraje sino en la concepción del arbitraje comercial internacional de algunos practicantes y árbitros latinoamericanos que salen a relieve en los arbitrajes con elementos latinoamericanos.

El interés académico por la dimensión constitucional que ha adquirido la práctica del arbitraje comercial internacional con elementos latinoamericanos (partes, árbitros, expertos, sedes, etc.) es muy reciente. Eso explica la omisión de preocupaciones sobre este fenómeno en las contribuciones tradicionales. El tema fue tratado por primera vez de una manera global en el mes de septiembre de 2006, en el III Congreso Internacional de la Asociación Andrés Bello de juristas franco-latino-americanos, sobre la “Constitucionalización del Derecho Privado” , realizado en la ciudad de Bogotá. En el marco de esta manifestación en la que se reflexionó sobre el impacto del derecho constitucional en las distintas áreas del derecho privado, se dedicó un capítulo entero para tratar el tema de la constitucionalización del derecho del arbitraje. A estos efectos, previo a la organización del congreso, se creó una comisión de estudio que elaboró la sección respectiva del documento científico que serviría de referencia a los conferencistas y comentaristas invitados a disertar sobre las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho del arbitraje.