No cabe duda que hasta el año 2006 la política de inversiones para Bolivia ha seguido más o menos el trazo marcado por la tendencia mundial desde los años 90, esta década estuvo sellada por una directriz Estatal hacia el neoliberalismo y un incremento excepcional en la suscripción de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI y/o BIT) que son acuerdos que se propagaron por el fracaso multilateral, y se introdujeron a titulo de mecanismos idóneos para modernizar las economías mediante el establecimiento de reglas para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), los resultados fueron dramáticamente ambiguos para los países, porque por un lado no existe una relación directa entre la suscripción de acuerdos y el flujo de inversión directa, es decir, las expectativas fueron más altas que los resultados del examen y por otro, debido a los adversos estándares involucrados en la solución de controversias que implica tanto cuestiones de procedimiento como sustantivas y apalancaron cuantiosas demandas de las pocas inversiones hechas en contra de Estados cuyo PIB era incluso menor que los ingresos brutos de muchas de ellas. Para el Estado Boliviano en particular como para otros países de la región en general las circunstancias que llevaron a la ratificación de los TBI hasta principios de la década del 2000 han cambiado; por ello, a la agenda del derecho de la inversión internacional, se ha sumado una tendencia por la renegociación cuando no la denuncia de los TBI que padecen manifiestas contradicciones insuperables que comprometen su aplicabilidad, revelando un proceso de renegociaciones pendiente en el paquete de acuerdos sobre inversión, reclamado bajo la necesidad de convenir o reconvenir en su caso, nuevos mecanismos, que concilien la compatibilidad de la soberanía nacional y los intereses de los “socios” transnacionales, 20 años después de la suscripción del primer TBI en Bolivia/